Historia e Independencia de Guinea Ecuatorial
Independencia de Guinea
Ecuatorial
Introducción.
Disponemos de varios estudios sobre la colonización española de Guinea Ecuatorial y sobre las fases del proceso de descolonización. Son trabajos bien documentados que tratan las características del colonialismo español en Guinea, los intereses españoles en la colonia, el nacimiento y desarrollo de las organizaciones nacionalistas guineanas y el papel de Naciones Unidas en este proceso descolonizador. También es conocida, pero en menor medida, la división de las autoridades franquistas respecto a la conveniencia para España de esta descolonización y, una vez resuelto el dilema en sentido afirmativo, sobre las fases del proceso descolonizador y sobre el modelo constitucional que debía imponerse al pueblo guineano, en función de los intereses españoles y de la normativa de Naciones Unidas en esta materia.
Bastante menos atención de los historiadores ha recibido la crisis hispano-guineana que siguió a la independencia de la colonia, y que desembocó en la ruptura unilateral, por parte del gobierno de Francisco Macías, de los convenios impuestos por España en el momento de la transmisión de poderes y, a continuación, en la salida del nuevo país de la fuerza militar española que allí había permanecido, tras la independencia, y de la mayor parte de la colonia española. Tampoco han sido aclaradas de forma suficiente hasta el momento las siguientes cuestiones: cómo se gestó y cómo se desarrolló el golpe de Estado contra Macías en marzo de 1969, cuál fue la implicación española en el golpe y por qué fracasó. En estas páginas revisamos la bibliografía publicada y aportamos textos inéditos y fuentes orales para un mejor conocimiento de estos temas.
EL PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN DE GUINEA ECUATORIAL
Pese a las presiones de Naciones Unidas, la debilidad del nacionalismo guineano facilitó la voluntad del gobierno de Franco de retrasar la descolonización de Guinea Ecuatorial, extendida a los casos de Ifni y Sahara occidental. No fue hasta 1964 cuando la fórmula de un gobierno autónomo vino a superponerse al modelo de provincialización aplicado a todas las colonias españolas, siguiendo el modelo portugués. Con el territorio de Guinea se habían creado dos provincias: la de Fernando Poo, conformada por las islas de Fernando Poo y Annobón, y la de Río Muni, de la que formaban parte el territorio continental de Río Muni y las islas de Coristo, Elobey Grande y Elobey Chico. Hasta este momento, la responsabilidad de la política colonial había estado en manos de Presidencia del Gobierno, bajo la dirección de Luis Carrero Blanco, a través de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, y en menor medida de los ministerios militares. Sin embargo, la presión de Naciones Unidas en favor de la descolonización y la voluntad gubernamental de evitar una crisis internacional1 condujo a la decisión del Consejo de Ministros, a finales de 1966, de conceder a Guinea alguna forma de independencia2. Las fórmulas manejadas por gabinetes ministeriales, y por los grupos empresariales con intereses en la colonia, eran las siguientes: conversión de la colonia en un Estado independiente, creación de un Estado guineano asociado a España, o de dos Estados guineanos, Río Muni, con independencia plena, y Fernando Poo, con formato de Estado asociado. Entonces, el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por Fernando María Castiella, asumió la dirección del proceso descolonizador, en colisión con Presidencia, que, de la mano de los grandes finqueros, siguió cultivando la voluntad separatista de los líderes bubis de Fernando Poo.
Guinea era una carga para la hacienda española, por las inversiones en construcción, sanidad, educación y defensa. Sin embargo, los madereros de Río Muni y los cultivadores españoles de café y cacao en Fernando Poo obtenían altos rendimientos con sus inversiones, pues se beneficiaban de la ausencia de competencia exterior en la Península para ambos productos: su producción estaba subvencionada a través de los precios y protegida mediante aranceles, un régimen comercial bilateral y cuotas reservadas de mercado en la metrópoli. Además, existían perspectivas de una mayor rentabilidad para el capital privado, pues el desarrollo experimentado por el país había sido grande, hasta el punto de que sus habitantes, sumando a negros y blancos, tenían la renta per cápita más alta de África. Y también buenas expectativas para el capital público si existía petróleo en el territorio guineano, tal y como cabía presuponer, teniendo en cuenta las bolsas ya localizadas, y en explotación, en los países fronterizos y el interés de las principales compañías de hidrocarburos en obtener concesiones en la bahía de Biafra.
El lento camino hacia la independencia fue recorrido por las autoridades españolas en varias etapas. La primera, durante varios meses de 1967-1968, consistente en la celebración de una Conferencia constitucional, integrada por autoridades españolas y políticos guineanos, siguiendo el modelo de conferencias constitucionales bilaterales entre países africanos colonizados y sus respectivas potencias administradoras. Fue el ejecutivo español el que decidió a quién correspondía la representación del pueblo guineano y, en consecuencia, quiénes debían formar parte de la delegación guineana que se sentaría, junto a la española, en torno a la mesa de la
Conferencia: correspondía a quienes ejercían una serie de cargos en la administración autonómica, provincial y municipal y a dirigentes de las organizaciones nacionalistas, no legalizadas pero si permitidas por la dictadura franquista. Las competencias de la Conferencia no fueron negociadas por el gobierno español con los citados políticos guineanos, y tuvieron que ser modificadas, por la mala planificación del Ministerio de Exteriores. Se suponía que sus competencias iban a ser de información y de asesoramiento al Gobierno, para que éste redactase la Constitución, pero la Conferencia fue suspendida por Exteriores, y, cuando reanudó sus sesiones, su responsabilidad había pasado a ser la de redactar la carta magna4. Al menos aparentemente, pues el objetivo real era que la delegación guineana aceptase el modelo de constitución para la futura república elaborado por los asesores del Ministerio español de Exteriores. Después, el proyecto constitucional sería consultado al pueblo guineano mediante referéndum. Sin embargo, Exteriores había perdido el control de la situación durante la primera fase de la Conferencia y no lo recuperó durante la segunda fase, que nos sitúa en la primavera de 1968. A partir de entonces, todo fue a peor para los planes del gabinete de Castiella y en general para los intereses españoles.
El proyecto constitucional de Exteriores, consistente en una Guinea Ecuatorial unitaria salvaguardando la personalidad de la provincia de Fernando Poo, fue rechazado por la mayoría de los delegados guineanos, que se agruparon en torno a dos proyectos distintos: el primero, separatista, impulsado por los representantes de la etnia bubi partidarios de un Fernando Poo independiente; el segundo, que establecía un Estado unitario y sin autonomía para las regiones, lo encabezaban miembros de la etnia fang, y en menor medida de otras etnias, que tenían cargos, no la dirección, en los principales partidos guineanos, que eran Idea Popular de Guinea Ecuatorial (IPGE), Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial (MONALIGE) y Movimiento de Unión Nacional de Guinea Ecuatorial (MUNGE), motivo por el cual, y para ir dotándose de unas señas de identidad, habían adoptado el nombre de Secretariado Conjunto. Personal de Exteriores dedicó muchas horas a negociar el texto con los delegados guineanos. Miguel Herrero de Miñón, recién incorporado a la Conferencia en calidad de asesor de Exteriores en materia constitucional, y Francisco Condomines, asesor para la elaboración de la ley electoral, lograron que el líder del MONALIGE, Atanasio Ndongo, respaldara el resultado de la Conferencia tanto en Guinea como en Naciones Unidas. Pero el Secretariado Conjunto, que contaba con mayoría absoluta en la delegación guineana, mantuvo su rechazo.
El proyecto presentado por la delegación española, retocado, fue impuesto por el gobierno español, con la amenaza al Secretariado Conjunto de que el fracaso de la Conferencia supondría la prórroga del gobierno autónomo y el recorte del apoyo económico desde la metrópoli. Además, en nombre de su gobierno, la delegación española entregó a la guineana una Declaración de intenciones sobre el futuro político de Guinea. La Declaración5 fue leída por Ramón Sedó, presidente de la Mesa el 22 de junio. El documento muestra la voluntad del Gobierno de cerrar el tema de la independencia de Guinea cuanto antes y de hacerlo conforme al formato de Estado unitario exigido por Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana. Además, la Declaración atendía a las principales cuestiones relativas a la relación entre una metrópoli y una ex colonia, excepto a las de ámbito militar. El tema principal era el económico, que tenía dos partes. La primera contenía una serie de promesas, como mantener “la ayuda prevista en el actual Presupuesto bienal español 1968/69 durante el período de su vigencia”, y otras referidas a la formación de personal técnico y funcionario y a la creación de una moneda guineana. La segunda, de imposición de una relación subordinada a los intereses españoles, partiendo de las relaciones comerciales establecidas y de las concesiones hechas por el Estado español a compañías privadas nacionales y extranjeras. La Declaración citaba de forma explícita un tema tan importante como era el de la posible existencia de petróleo en suelo y aguas guineanas. La Ley de Hidrocarburos había mantenido el monopolio de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima (CAMPSA), creada en 1927, para la Península e Islas Baleares, pero había abierto las puertas a que compañías de capital privado obtuvieran permisos de investigación y, si el resultado era positivo, concesiones de explotación en el resto de territorios españoles: Canarias, Sahara, Ifni y Guinea. En 1968, la Compañía Española de Petróleos Sociedad Anónima (CEPSA), la primera compañía petrolera española, fundada en 1929, y ahora en la órbita financiera del Banco Central, realizaba investigaciones en una plataforma marina en aguas de la bahía de Biafra6¸ donde también tenían concesiones de investigación las compañías Texaco, British Petroleum y Chevron7. Por lo tanto, para el Gobierno el petróleo era la principal cuestión de ámbito económico. Así figuraba en el informe elaborado hacía justamente un año por la comisión interministerial nombrada por el Consejo de Ministros para deducir los intereses españoles en Guinea: “Económicamente, Guinea supone una carga para el Estado español. Con carácter permanente el Estado no tiene intereses económicos que defender en Guinea, salvo el derecho a realizar prospecciones
petrolíferas”. El tema del petróleo también había sido tratado por Rodolfo Martín Villa, representante del Ministerio de Industria, durante la segunda fase de la Conferencia constitucional. Así nos lo contó el propio Martín Villa en la entrevista que mantuvimos con él: “El tema más importante, para Industria, de cara a la descolonización de Guinea era que el nuevo Estado guineano se subrogara en los permisos de investigación a CEPSA. Este tema no planteó problema alguno, los temas que plantearon problemas fueron los políticos, no los económicos”.
Pero la citada Declaración no gustó nada a la mayoría de los delegados guineanos. No existe constancia alguna de que la asumieran como compromiso del futuro Estado de Guinea Ecuatorial. Además, tres días después de su lectura, el 25 de junio, el Secretariado Conjunto emitió un comunicado de prensa, dirigido a Naciones Unidas y a los medios de comunicación extranjeros; desde luego no a los españoles, la mayoría de los cuales pertenecían al Estado y todos estaban sometidos a un férreo sistema de censura y, además, el Gobierno acababa de aplicar al tema Guinea la clasificación de materia reservada, haciendo uso de la Ley sobre Secretos Oficiales. El comunicado decía que la Conferencia constitucional había sido dada por concluida por la delegación española sin haberse alcanzado el objetivo principal que le había señalado Naciones Unidas, ya que el texto constitucional no había sido elaborado conjuntamente por las delegaciones, y que 33 de los 44 representantes guineanos rechazaban el proyecto constitucional, con varios argumentos, entre éstos por favorecer un gobierno poco democrático y establecer un federalismo provincial.
Pero como había calculado la delegación española, los líderes del Secretariado Conjunto no forzaron la ruptura de relaciones. Aunque descalificaron el proceso descolonizador, no podían ni querían impedir que siguiera su curso. Así las cosas, el gobierno español anunció la convocatoria del referéndum sobre el texto constitucional. Y el 24 de julio las Cortes españolas aprobaron la ley que autorizaba al Gobierno a conceder la independencia a Guinea Ecuatorial.
la Independencia de Guinea Ecuatorial de España Se proclamo el 12 de octubre de 1968, Durante el undécimo Gobierno de España de la Dictadura franquista, Como Una instancia de parte del Proceso de descolonización de África apoyado Por las Naciones, Unidas Una.
Cronología.
ANTECEDENTES La actual Guinea Ecuatorial Se Formó Bajo el Reinado de Alfonso XIII, Cuando en 1926 Se constituyó la colonia de la Guinea Española Como Fusión de la colonia de Río Muni, la de Fernando Poo y la de Elobey, Annobón y Corisco. El Gobierno español de Franco no contaba desprenderse de la Guinea Española y en 1956 en el pecado los Territorios Españoles del Golfo de Guinea Pasan a Ser Provincia española del Golfo de Guinea Por La Ley 46/59, de 30 de julio, la Provincia Española del Golfo de Guinea, En Si convierte En Dos Provincias; la Provincia de. Fernando Poo y la Provincia de Río Muni Pero la presión de las Naciones Unidas Forzo al Gobierno español a concederle cierta Autonomía administrativa. Tras el Referéndum de Autonomía de Guinea Ecuatorial de 1963, Que dio Lugar Un primer Gobierno Autónomo, presidido Bonifacio Ondó Edu ya de Una Primera Asamblea General de ecuatoguineana presidida Porción Enrique Gori 19,641 Hasta junio de 1965, Cuando le cedió El Puesto Federico Ngomo.
La Conferencia Constitucional
El noviembre de 1965, la IV Comision de la Asamblea de la ONU, aprobó un Proyecto de Resolución en el que pedia a España Que fijase lo antes Posible la Fecha Para La independencia de Guinea Ecuatorial. En diciembre de 1966 el Consejo de Ministros del Gobierno español acordo Preparar la Conferencia Constitucional En octubre de 1967 inauguró dicha Conferencia, presidida Porción Fernando María Castiella, Ministro español de Asuntos Exteriores, al Frente de la Delegación Guineana figuraba Federico Ngomo. La Conferencia Constitucional Daría luz a la Primera Constitución de Guinea Ecuatorial, la Cual seria sometida referéndum Populares el 11 de agosto de 1968 Bajo Supervisión de Naciones Unidas. Un 64,32% del electorado voto a favorecer de la Constitución, Que preveía Asamblea General, Y Tribunal Supremo con Jueces nombrados por el Presidente.
Entre EL 22 de septiembre de 1968 y el 2 de octubre del mismo Año Se llevaron a cabo las Primeras Elecciones Generales de Guinea Ecuatorial. Como Resultado De Las mismas, Francisco Macías Nguema, encabezando el Partido Idea Popular de Guinea Ecuatorial Se alzo Con la victoria, siendo más Cercano rival Ondó Edu, del Movimiento de Unidad Nacional de Guinea Ecuatorial. De Hecho, en la Asamblea General, el Partido de Macías habia quedado cuarto en Número de escaños, por detrás de la Formación de Ondó Edu.
Firma del acta de la Independencia
El 11 de octubre de 1968 partió hacia Guinea Ecuatorial la representación española, encabezada por Manuel Fraga, en aquel momento ministro de Información y Turismo en el gobierno español, en representación del Jefe del Estado, y en la que también se encontraban el director general de África y Próximo Oriente Gabriel Mañueco de Lecea; el secretario general técnico del Ministerio de Justicia Marcelino Cabañas; el secretario general técnico de la Secretaría General del Movimiento, Luis Gómez de Aranlda; los directores generales de Comercio Interior, Leopoldo Zurnalacárregui; el de Industrias Textiles Alimentarias y Diversas, Rodolfo Martín Villa, y el de Impuestos Indirectos, Manuel Aguilar Hardisson; el general Ricardo Morales Monserrat, segundo jefe del Estado Mayor Central; el jefe de servicios en el exterior, del Ministerio de Información y Turismo, Luis López-Ballesteros Cervino; el subdirector general de Información, Joaquín Benítez Lumbreras; el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Escudero del Corral; el presidente de la Audiencia de La Coruña, Jaime Castro García; el gerente del Plan de Desarrollo de Guinea Ecuatorial, Juan Álvarez Corucedo; el director de la agencia EFE, Carlos Mendo Baos, y un grupo de periodistas. Ese mismo día la Presidencia del Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado el Decreto 2.467-1968 del 9 de octubre que, en su parte dispositiva, establecía: Se reconocen los resultados electorales proclamados por la Comisión Electoral de Guinea con fecha 2 de octubre del corriente año, y en su virtud se tiene al excelentísimo señor don Francisco Macías Nguema como presidente electo de la República de Guinea Ecuatorial.
Se declara
independiente el territorio de Guinea Ecuatorial a partir de las doce horas del día 12 de octubre del corriente año, en cuyo momento tendrá lugar la ceremonia de entrega de poderes al presidente electo
Finalmente el 12 de octubre el país obtuvo la total independencia con Macías como primer presidente constitucional y Edmundo Bossio como vicepresidente, en una ceremonia de traspaso de poder presidida por Manuel Fraga.
Ecuatorial
Introducción.
Disponemos de varios estudios sobre la colonización española de Guinea Ecuatorial y sobre las fases del proceso de descolonización. Son trabajos bien documentados que tratan las características del colonialismo español en Guinea, los intereses españoles en la colonia, el nacimiento y desarrollo de las organizaciones nacionalistas guineanas y el papel de Naciones Unidas en este proceso descolonizador. También es conocida, pero en menor medida, la división de las autoridades franquistas respecto a la conveniencia para España de esta descolonización y, una vez resuelto el dilema en sentido afirmativo, sobre las fases del proceso descolonizador y sobre el modelo constitucional que debía imponerse al pueblo guineano, en función de los intereses españoles y de la normativa de Naciones Unidas en esta materia.
Bastante menos atención de los historiadores ha recibido la crisis hispano-guineana que siguió a la independencia de la colonia, y que desembocó en la ruptura unilateral, por parte del gobierno de Francisco Macías, de los convenios impuestos por España en el momento de la transmisión de poderes y, a continuación, en la salida del nuevo país de la fuerza militar española que allí había permanecido, tras la independencia, y de la mayor parte de la colonia española. Tampoco han sido aclaradas de forma suficiente hasta el momento las siguientes cuestiones: cómo se gestó y cómo se desarrolló el golpe de Estado contra Macías en marzo de 1969, cuál fue la implicación española en el golpe y por qué fracasó. En estas páginas revisamos la bibliografía publicada y aportamos textos inéditos y fuentes orales para un mejor conocimiento de estos temas.
EL PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN DE GUINEA ECUATORIAL
Pese a las presiones de Naciones Unidas, la debilidad del nacionalismo guineano facilitó la voluntad del gobierno de Franco de retrasar la descolonización de Guinea Ecuatorial, extendida a los casos de Ifni y Sahara occidental. No fue hasta 1964 cuando la fórmula de un gobierno autónomo vino a superponerse al modelo de provincialización aplicado a todas las colonias españolas, siguiendo el modelo portugués. Con el territorio de Guinea se habían creado dos provincias: la de Fernando Poo, conformada por las islas de Fernando Poo y Annobón, y la de Río Muni, de la que formaban parte el territorio continental de Río Muni y las islas de Coristo, Elobey Grande y Elobey Chico. Hasta este momento, la responsabilidad de la política colonial había estado en manos de Presidencia del Gobierno, bajo la dirección de Luis Carrero Blanco, a través de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, y en menor medida de los ministerios militares. Sin embargo, la presión de Naciones Unidas en favor de la descolonización y la voluntad gubernamental de evitar una crisis internacional1 condujo a la decisión del Consejo de Ministros, a finales de 1966, de conceder a Guinea alguna forma de independencia2. Las fórmulas manejadas por gabinetes ministeriales, y por los grupos empresariales con intereses en la colonia, eran las siguientes: conversión de la colonia en un Estado independiente, creación de un Estado guineano asociado a España, o de dos Estados guineanos, Río Muni, con independencia plena, y Fernando Poo, con formato de Estado asociado. Entonces, el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por Fernando María Castiella, asumió la dirección del proceso descolonizador, en colisión con Presidencia, que, de la mano de los grandes finqueros, siguió cultivando la voluntad separatista de los líderes bubis de Fernando Poo.
Guinea era una carga para la hacienda española, por las inversiones en construcción, sanidad, educación y defensa. Sin embargo, los madereros de Río Muni y los cultivadores españoles de café y cacao en Fernando Poo obtenían altos rendimientos con sus inversiones, pues se beneficiaban de la ausencia de competencia exterior en la Península para ambos productos: su producción estaba subvencionada a través de los precios y protegida mediante aranceles, un régimen comercial bilateral y cuotas reservadas de mercado en la metrópoli. Además, existían perspectivas de una mayor rentabilidad para el capital privado, pues el desarrollo experimentado por el país había sido grande, hasta el punto de que sus habitantes, sumando a negros y blancos, tenían la renta per cápita más alta de África. Y también buenas expectativas para el capital público si existía petróleo en el territorio guineano, tal y como cabía presuponer, teniendo en cuenta las bolsas ya localizadas, y en explotación, en los países fronterizos y el interés de las principales compañías de hidrocarburos en obtener concesiones en la bahía de Biafra.
El lento camino hacia la independencia fue recorrido por las autoridades españolas en varias etapas. La primera, durante varios meses de 1967-1968, consistente en la celebración de una Conferencia constitucional, integrada por autoridades españolas y políticos guineanos, siguiendo el modelo de conferencias constitucionales bilaterales entre países africanos colonizados y sus respectivas potencias administradoras. Fue el ejecutivo español el que decidió a quién correspondía la representación del pueblo guineano y, en consecuencia, quiénes debían formar parte de la delegación guineana que se sentaría, junto a la española, en torno a la mesa de la
Conferencia: correspondía a quienes ejercían una serie de cargos en la administración autonómica, provincial y municipal y a dirigentes de las organizaciones nacionalistas, no legalizadas pero si permitidas por la dictadura franquista. Las competencias de la Conferencia no fueron negociadas por el gobierno español con los citados políticos guineanos, y tuvieron que ser modificadas, por la mala planificación del Ministerio de Exteriores. Se suponía que sus competencias iban a ser de información y de asesoramiento al Gobierno, para que éste redactase la Constitución, pero la Conferencia fue suspendida por Exteriores, y, cuando reanudó sus sesiones, su responsabilidad había pasado a ser la de redactar la carta magna4. Al menos aparentemente, pues el objetivo real era que la delegación guineana aceptase el modelo de constitución para la futura república elaborado por los asesores del Ministerio español de Exteriores. Después, el proyecto constitucional sería consultado al pueblo guineano mediante referéndum. Sin embargo, Exteriores había perdido el control de la situación durante la primera fase de la Conferencia y no lo recuperó durante la segunda fase, que nos sitúa en la primavera de 1968. A partir de entonces, todo fue a peor para los planes del gabinete de Castiella y en general para los intereses españoles.
El proyecto constitucional de Exteriores, consistente en una Guinea Ecuatorial unitaria salvaguardando la personalidad de la provincia de Fernando Poo, fue rechazado por la mayoría de los delegados guineanos, que se agruparon en torno a dos proyectos distintos: el primero, separatista, impulsado por los representantes de la etnia bubi partidarios de un Fernando Poo independiente; el segundo, que establecía un Estado unitario y sin autonomía para las regiones, lo encabezaban miembros de la etnia fang, y en menor medida de otras etnias, que tenían cargos, no la dirección, en los principales partidos guineanos, que eran Idea Popular de Guinea Ecuatorial (IPGE), Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial (MONALIGE) y Movimiento de Unión Nacional de Guinea Ecuatorial (MUNGE), motivo por el cual, y para ir dotándose de unas señas de identidad, habían adoptado el nombre de Secretariado Conjunto. Personal de Exteriores dedicó muchas horas a negociar el texto con los delegados guineanos. Miguel Herrero de Miñón, recién incorporado a la Conferencia en calidad de asesor de Exteriores en materia constitucional, y Francisco Condomines, asesor para la elaboración de la ley electoral, lograron que el líder del MONALIGE, Atanasio Ndongo, respaldara el resultado de la Conferencia tanto en Guinea como en Naciones Unidas. Pero el Secretariado Conjunto, que contaba con mayoría absoluta en la delegación guineana, mantuvo su rechazo.
El proyecto presentado por la delegación española, retocado, fue impuesto por el gobierno español, con la amenaza al Secretariado Conjunto de que el fracaso de la Conferencia supondría la prórroga del gobierno autónomo y el recorte del apoyo económico desde la metrópoli. Además, en nombre de su gobierno, la delegación española entregó a la guineana una Declaración de intenciones sobre el futuro político de Guinea. La Declaración5 fue leída por Ramón Sedó, presidente de la Mesa el 22 de junio. El documento muestra la voluntad del Gobierno de cerrar el tema de la independencia de Guinea cuanto antes y de hacerlo conforme al formato de Estado unitario exigido por Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana. Además, la Declaración atendía a las principales cuestiones relativas a la relación entre una metrópoli y una ex colonia, excepto a las de ámbito militar. El tema principal era el económico, que tenía dos partes. La primera contenía una serie de promesas, como mantener “la ayuda prevista en el actual Presupuesto bienal español 1968/69 durante el período de su vigencia”, y otras referidas a la formación de personal técnico y funcionario y a la creación de una moneda guineana. La segunda, de imposición de una relación subordinada a los intereses españoles, partiendo de las relaciones comerciales establecidas y de las concesiones hechas por el Estado español a compañías privadas nacionales y extranjeras. La Declaración citaba de forma explícita un tema tan importante como era el de la posible existencia de petróleo en suelo y aguas guineanas. La Ley de Hidrocarburos había mantenido el monopolio de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima (CAMPSA), creada en 1927, para la Península e Islas Baleares, pero había abierto las puertas a que compañías de capital privado obtuvieran permisos de investigación y, si el resultado era positivo, concesiones de explotación en el resto de territorios españoles: Canarias, Sahara, Ifni y Guinea. En 1968, la Compañía Española de Petróleos Sociedad Anónima (CEPSA), la primera compañía petrolera española, fundada en 1929, y ahora en la órbita financiera del Banco Central, realizaba investigaciones en una plataforma marina en aguas de la bahía de Biafra6¸ donde también tenían concesiones de investigación las compañías Texaco, British Petroleum y Chevron7. Por lo tanto, para el Gobierno el petróleo era la principal cuestión de ámbito económico. Así figuraba en el informe elaborado hacía justamente un año por la comisión interministerial nombrada por el Consejo de Ministros para deducir los intereses españoles en Guinea: “Económicamente, Guinea supone una carga para el Estado español. Con carácter permanente el Estado no tiene intereses económicos que defender en Guinea, salvo el derecho a realizar prospecciones
petrolíferas”. El tema del petróleo también había sido tratado por Rodolfo Martín Villa, representante del Ministerio de Industria, durante la segunda fase de la Conferencia constitucional. Así nos lo contó el propio Martín Villa en la entrevista que mantuvimos con él: “El tema más importante, para Industria, de cara a la descolonización de Guinea era que el nuevo Estado guineano se subrogara en los permisos de investigación a CEPSA. Este tema no planteó problema alguno, los temas que plantearon problemas fueron los políticos, no los económicos”.
Pero la citada Declaración no gustó nada a la mayoría de los delegados guineanos. No existe constancia alguna de que la asumieran como compromiso del futuro Estado de Guinea Ecuatorial. Además, tres días después de su lectura, el 25 de junio, el Secretariado Conjunto emitió un comunicado de prensa, dirigido a Naciones Unidas y a los medios de comunicación extranjeros; desde luego no a los españoles, la mayoría de los cuales pertenecían al Estado y todos estaban sometidos a un férreo sistema de censura y, además, el Gobierno acababa de aplicar al tema Guinea la clasificación de materia reservada, haciendo uso de la Ley sobre Secretos Oficiales. El comunicado decía que la Conferencia constitucional había sido dada por concluida por la delegación española sin haberse alcanzado el objetivo principal que le había señalado Naciones Unidas, ya que el texto constitucional no había sido elaborado conjuntamente por las delegaciones, y que 33 de los 44 representantes guineanos rechazaban el proyecto constitucional, con varios argumentos, entre éstos por favorecer un gobierno poco democrático y establecer un federalismo provincial.
Pero como había calculado la delegación española, los líderes del Secretariado Conjunto no forzaron la ruptura de relaciones. Aunque descalificaron el proceso descolonizador, no podían ni querían impedir que siguiera su curso. Así las cosas, el gobierno español anunció la convocatoria del referéndum sobre el texto constitucional. Y el 24 de julio las Cortes españolas aprobaron la ley que autorizaba al Gobierno a conceder la independencia a Guinea Ecuatorial.
la Independencia de Guinea Ecuatorial de España Se proclamo el 12 de octubre de 1968, Durante el undécimo Gobierno de España de la Dictadura franquista, Como Una instancia de parte del Proceso de descolonización de África apoyado Por las Naciones, Unidas Una.
Cronología.
ANTECEDENTES La actual Guinea Ecuatorial Se Formó Bajo el Reinado de Alfonso XIII, Cuando en 1926 Se constituyó la colonia de la Guinea Española Como Fusión de la colonia de Río Muni, la de Fernando Poo y la de Elobey, Annobón y Corisco. El Gobierno español de Franco no contaba desprenderse de la Guinea Española y en 1956 en el pecado los Territorios Españoles del Golfo de Guinea Pasan a Ser Provincia española del Golfo de Guinea Por La Ley 46/59, de 30 de julio, la Provincia Española del Golfo de Guinea, En Si convierte En Dos Provincias; la Provincia de. Fernando Poo y la Provincia de Río Muni Pero la presión de las Naciones Unidas Forzo al Gobierno español a concederle cierta Autonomía administrativa. Tras el Referéndum de Autonomía de Guinea Ecuatorial de 1963, Que dio Lugar Un primer Gobierno Autónomo, presidido Bonifacio Ondó Edu ya de Una Primera Asamblea General de ecuatoguineana presidida Porción Enrique Gori 19,641 Hasta junio de 1965, Cuando le cedió El Puesto Federico Ngomo.
La Conferencia Constitucional
El noviembre de 1965, la IV Comision de la Asamblea de la ONU, aprobó un Proyecto de Resolución en el que pedia a España Que fijase lo antes Posible la Fecha Para La independencia de Guinea Ecuatorial. En diciembre de 1966 el Consejo de Ministros del Gobierno español acordo Preparar la Conferencia Constitucional En octubre de 1967 inauguró dicha Conferencia, presidida Porción Fernando María Castiella, Ministro español de Asuntos Exteriores, al Frente de la Delegación Guineana figuraba Federico Ngomo. La Conferencia Constitucional Daría luz a la Primera Constitución de Guinea Ecuatorial, la Cual seria sometida referéndum Populares el 11 de agosto de 1968 Bajo Supervisión de Naciones Unidas. Un 64,32% del electorado voto a favorecer de la Constitución, Que preveía Asamblea General, Y Tribunal Supremo con Jueces nombrados por el Presidente.
Entre EL 22 de septiembre de 1968 y el 2 de octubre del mismo Año Se llevaron a cabo las Primeras Elecciones Generales de Guinea Ecuatorial. Como Resultado De Las mismas, Francisco Macías Nguema, encabezando el Partido Idea Popular de Guinea Ecuatorial Se alzo Con la victoria, siendo más Cercano rival Ondó Edu, del Movimiento de Unidad Nacional de Guinea Ecuatorial. De Hecho, en la Asamblea General, el Partido de Macías habia quedado cuarto en Número de escaños, por detrás de la Formación de Ondó Edu.
Firma del acta de la Independencia
El 11 de octubre de 1968 partió hacia Guinea Ecuatorial la representación española, encabezada por Manuel Fraga, en aquel momento ministro de Información y Turismo en el gobierno español, en representación del Jefe del Estado, y en la que también se encontraban el director general de África y Próximo Oriente Gabriel Mañueco de Lecea; el secretario general técnico del Ministerio de Justicia Marcelino Cabañas; el secretario general técnico de la Secretaría General del Movimiento, Luis Gómez de Aranlda; los directores generales de Comercio Interior, Leopoldo Zurnalacárregui; el de Industrias Textiles Alimentarias y Diversas, Rodolfo Martín Villa, y el de Impuestos Indirectos, Manuel Aguilar Hardisson; el general Ricardo Morales Monserrat, segundo jefe del Estado Mayor Central; el jefe de servicios en el exterior, del Ministerio de Información y Turismo, Luis López-Ballesteros Cervino; el subdirector general de Información, Joaquín Benítez Lumbreras; el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Escudero del Corral; el presidente de la Audiencia de La Coruña, Jaime Castro García; el gerente del Plan de Desarrollo de Guinea Ecuatorial, Juan Álvarez Corucedo; el director de la agencia EFE, Carlos Mendo Baos, y un grupo de periodistas. Ese mismo día la Presidencia del Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado el Decreto 2.467-1968 del 9 de octubre que, en su parte dispositiva, establecía: Se reconocen los resultados electorales proclamados por la Comisión Electoral de Guinea con fecha 2 de octubre del corriente año, y en su virtud se tiene al excelentísimo señor don Francisco Macías Nguema como presidente electo de la República de Guinea Ecuatorial.
Se declara
independiente el territorio de Guinea Ecuatorial a partir de las doce horas del día 12 de octubre del corriente año, en cuyo momento tendrá lugar la ceremonia de entrega de poderes al presidente electo
Finalmente el 12 de octubre el país obtuvo la total independencia con Macías como primer presidente constitucional y Edmundo Bossio como vicepresidente, en una ceremonia de traspaso de poder presidida por Manuel Fraga.